Imagino que a estas alturas todo el que siga un poco la actualidad española estará al tanto, pero por si acaso, recapitulo en un escueto resumen.
En resumen, en 2006 se reforma el Estatuto de Autonomía de Cataluña tras un largo proceso de aprobación por mayoría cualificada del Parlamento Catalán, mayoría absoluta de las Cortes Generales (con un retoque del texto salido de Cataluña) y referéndum popular de la ciudadanía catalana con no demasiada participación pero sí amplísima mayoría.
Durante todo este proceso, el PP denunciaba su inconstitucionalidad y amenazaba con llevarlo al Tribunal Constitucional de aprobarse, cosa que hizo.
Y así estamos hasta hoy, cuando tras 3 años de debate parece que, en este curso político sí, veremos por fin la extensa sentencia (más de 600 páginas) que se espera que siente doctrina de cara a la llamada "Nueva Generación de Estatutos de Autonomía".
El problema viene cuando el Tribunal Constitucional tiene que enjuiciar (y, de ser necesario, anular) una Ley que ha sido sometida a referéndum, con el plus de legitimidad democrática que eso supone, ya que amparándose en dicha legitimidad, la mayoría de fuerzas políticas catalanas con representación parlamentaria han intentado presionar al Tribunal para que no anule el texto, y más aún se amenaza con desoír la sentencia desde las instituciones (lo que, aunque no lo he oído mencionar, hace que el Artículo 155 CE que recoge la coacción federal pueda ser invocado, lo que aunque jurídicamente solucionaría el asunto, políticamente podría agravarlo todavía más).
En fin, ¿algún comentario?
A ver, la lógica me dice que si una ley ha sido votada en referéndum y luego es declarada inconstitucional por el TC entonces debería pasar automáticamente a ser derogada, ya que no se pueden promulgar leyes fuera del marco jurídico constitucional, por mucho que haya una voluntad popular detrás. Lo lógico es que se establezca un marco legal y jurídico y que, después, todo lo que se legisle se encuentre dentro de ese ámbito, y no hacerlo al revés, es decir, legislar al margen del marco jurídico y luego acomodar éste a esa nueva legislación.
Es complicado, porque parece que no había forma de concretar si el estatut cumplía o no la Consti hasta que pasara por el TC. Entonces la lógica, nuevamente, dictaría que toda ley de cierto alcance debería pasar por el TC para asegurar su constitucionalidad, pero entonces éste quedaría colapsado y cada ley tandaría un mundo en salir adelante. Algo inviable. Se supone que los legisladores deberían cuidar que las leyes que paren se ajustan a la Carta Magna, pero en un país donde hay regiones en las que habitan políticos con ganas de torpedearla, esto no siempre se puede cumplir.
Luego, la ambigüedad del propio texto constitucional tampoco ayuda a clarificar las cosas.
En resumidas cuentas: la cosa está jodida.
Scarlett Johansson en pelotas